Gestión del dato en la Administración Pública

En los últimos años, con el avance tanto de la digitalización como de la globalización, habitamos en una sociedad en la que los datos ocupan un lugar fundamental. Cualquier acción que realizamos en el día a día origina datos, que bien gestionados, generan poder.

Por poner un ejemplo, en Facebook se originan diariamente 4 petabytes de datos o, lo que es lo mismo, millones de gigabytes de datos que, debido a su potencial valor, son almacenados en su hive, conocido como La Colmena.

Las organizaciones han visto en ello una gran oportunidad de generar beneficios y, por ello, no es extraño que en redes sociales te aparezca el anuncio del artículo que comentabas ayer con tu amigo, que tu banco te lance campañas de marketing en base a tus necesidades puntuales o que seamos capaces de hablar con una pantalla que te asesora en cómo cocinar las mejores lentejas.

Todas estas acciones que se han convertido en cotidianas son resultado de la aplicación de tecnologías basadas en los datos, como la inteligencia artificial o el big data.

Sin embargo, para poder extraer el verdadero valor de la aplicación de estas nuevas tecnologías, debemos asegurar primero que los datos que tratamos son veraces y representan la realidad. Es por ello que surge la función del gobierno del dato.

El origen del gobierno del dato

Aunque no hay un punto concreto en el que se comience a hablar de Gobierno del Dato, tal y como lo conocemos ahora, uno de los grandes aceleradores en su profesionalización vino a raíz de la crisis financiera de 2007.

En ese momento, se demostró la escasa capacidad del sector a la hora de identificar los riesgos y tomar decisiones y, por ello, los reguladores comenzaron a poner el foco, definiendo normativas para evitar que se repitiese el desastre en el futuro.

En enero de 2013, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS) publicó un informe con los 14 principios para una eficaz agregación de datos sobre riesgos y presentación de informes, conocido como RDA (Risk Data Aggregation). Estos 14 principios se engloban en cuatro grandes bloques, que son gobernanza e infraestructura, capacidades de agregación de datos, presentación de informes y supervisión.

Pronto se puso de manifiesto el valor de la gestión adecuada de los datos, no únicamente desde el punto de vista de compliance, sino que se demostró que disponer de una información de calidad permitía tratar el dato como un activo estratégico en la organización, clave para la toma de decisiones.

El sector privado comenzó a adoptar estas prácticas para lograr un posicionamiento ventajoso en el mercado frente a sus competidores, basando las decisiones en los resultados de los datos y no en convicciones individuales como hasta entonces era frecuente.

Desembarco en la administración pública

Por lo general, el sector público se caracteriza más por actuar como custodio de datos que por generar negocio a partir de su tratamiento y, es por ello, que la profesionalización de la función de gobierno del dato ha tardado más en llegar a la Administración.

Es una realidad que las administraciones públicas manejan grandes volúmenes de datos relacionados con las personas, tanto físicas como jurídicas. Manejan el censo, sistemas de salud, tráfico, el sistema de transportes, el sistema educativo, aduanas o, incluso, organismos reguladores como Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores, donde comenzó la profesionalización de la función.

Sin embargo, es frecuente encontrar trabas burocráticas a la hora de realizar gestiones en la administración. Existen numerosos silos de información que desempeñan sus funciones de manera independiente, desaprovechando las ventajas que se obtendrían de una gestión centralizada.

Por ejemplo, los datos médicos no están centralizados entre el sector privado y el público o, incluso, entre diferentes hospitales, hay que realizar engorrosos papeleos a la hora de modificar el padrón de cara a unas elecciones o, más recientemente, hemos visto que los datos evolutivos de la pandemia no eran los mismos en función de quién los publicara.

Es por ello que se pone de manifiesto la necesidad de digitalizar y mejorar el servicio al ciudadano y, para ello, es indispensable la función del gobierno del dato.

El futuro está claro y, aunque será un largo camino por recorrer, los cimientos para una completa transformación digital ya se han establecido mediante la definición del plan nacional España Puede.

Plan España Puede

El pasado mes de abril, el Gobierno de España presentó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía, conocido como “España Puede”, con el objetivo de minimizar los efectos adversos derivados de la pandemia. En él, se desarrolla un Plan Nacional Digital 2025 que cuenta, incluso, con una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA).

En este contexto, hace pocos días conocíamos la noticia del nombramiento de Alberto Palomo-Lozano como Chief Data Officer (CDO) de España, quien será el encargado de lanzar la Oficina del Dato.

Su principal reto será lograr la coordinación de las diferentes administraciones, tanto nacionales como autonómicas y locales, mediante la definición de las políticas y procedimientos de Gobierno del Dato enfocadas hacia la transformación Data Driven, permitiendo así el aprovechamiento de la información en beneficio común, tanto de todas ellas como del ciudadano en última instancia.

La aplicación de estas políticas servirá de guía para una adecuada gestión, tendiendo a la centralización de la información pública y poniéndola, siempre que su naturaleza lo permita, a disposición del ciudadano mediante portales de datos abiertos.

Un ejemplo palpable de esta tendencia lo encontramos en la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, donde ya se está impulsando la creación de un hub nacional de GAIA-X, orientado a la creación de espacios de datos en sectores estratégicos, como puedan ser turismo y salud, para la compartición de conocimiento y el despliegue de la economía del dato.

Además de la estandarización, se encuentra ante el gran reto de la seguridad de la información, marcando las pautas para la coordinación entre las diferentes administraciones.

Beneficios de una administración data driven

Aunque el sector público se encuentra en una fase temprana de maduración en el tratamiento de datos, ya se vislumbran grandes iniciativas de datos de carácter global que actualmente se están desarrollando de forma local en algunos municipios.

Por ejemplo, se podrán plantear modelos predictivos para establecer frecuencias en el servicio de transporte público en función de la afluencia detectada, se agilizarán los trámites administrativos y, en definitiva, se podrán identificar las necesidades reales de la ciudadanía, invirtiendo así en aquellos proyectos en los que hay una evidencia científica de que realmente aportan valor, gracias a la gestión eficiente de los datos.